REAS propone enmiendas a la Ley de contratos del sector público

REAS considera, como ya se declaró en relación al anteproyecto de ley presentado en marzo de 2015, que el texto del Proyecto de Ley es claramente insuficiente en relación a la introducción de criterios sociales y medioambientales en los procesos de compra y contratación pública. Así mismo, el texto resulta opaco y confuso en relación a la lucha y prevención de la corrupción y a solventar los conflictos de intereses. Las imprecisiones, ambigüedades y la poca concreción en relación a estos aspectos también fueron señaladas en el Dictamen 8/2015 del 25 de junio del Consejo Económico y Social, órgano consultivo del gobierno, con respecto al anteproyecto, pero se han mantenido en el proyecto de ley.

Señalamos también que, aunque en la exposición de motivos del proyecto se hace mención al espíritu de la Directiva 2014/24/UE, su trasposición, sin embargo, es claramente insuficiente y no se corresponde con las pretensiones señaladas. En concreto, nos referimos los contenidos sociales que debiera tener la contratación pública:

• “permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo a objetivos sociales”;
• «los órganos de contratación podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación”
• “conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo y promoción de las PYMES”; etc.

Fue por la suma de estos argumentos por los que ya propusimos una revisión en profundidad del texto, de manera que su articulado recogiese con mayor claridad y precisión los criterios de tipo social y ambiental presentes en la Directiva europea y en la propia exposición de motivos del Anteproyecto. Ante el paso adelante dado por el Gobierno mediante la tramitación con carácter de urgencia del Proyecto de Ley, REAS quiere anunciar que ha elaborado un documento de propuestas que recoge un total de 19 enmiendas: 12 a la Ley de Contratos del Sector Público y 7 a la Ley sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales. Desde hoy mismo, y a lo largo de los próximos días, se están manteniendo encuentros con todos los grupos parlamentarios, a los que ya se les ha hecho llegar este documento, con el fin de que asuman las enmiendas como propias y las presenten para modificar los proyectos presentados. El documento presentado puede consultarse en este enlace: Propuestas_enmiendas_ley_contratos_ReasRdR.pdf

Subrayamos, además, que el carácter de urgencia no corresponde a la importancia que se le debe a una ley que se propone como herramienta a nivel europea para evitar la corrupción, garantizar un uso eficiente de los fondos públicos y conseguir objetivos sociales comunes. Para tal fin, urge la consulta y participación de los agentes sociales interesados, partidos políticos y grupos parlamentarios, sindicatos y agentes económicos, a quienes convocamos, junto a asociaciones de consumo, movimientos sociales y entidades del tercer sector, a que muestren abiertamente su rechazo a este Proyecto de Ley que, más allá de sus planteamientos generales se demuestra insuficiente, poco claro y pobre de ambición y firmeza. En especial, deseamos apelar a todo el movimiento de la Economía Social y Solidaria, para que redoblemos nuestros esfuerzos y presiones, difundamos la opacidad del texto y nuestra resistencia, de manera que consigamos introducir aquellos aspectos que demandamos para una socialmente transformadora política de compra pública.

REAS Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), es una red formada por 14 redes territoriales y 4 sectoriales para un total de cerca de 600 empresas y entidades que dan empleo a alrededor de 9.000 personas y cuentan con unos ingresos anuales de 380 millones de euros. Sumamos también cerca de 30.000 personas voluntarias y miles de socias en proyectos cooperativos relacionados con las finanzas éticas, la comercialización y consumo de energías renovables o la producción y consumo de productos alimentarios locales. REAS-Red de Redes, pertenece a CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social) e internacionalmente a RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria).

El objetivo de REAS es impulsar alternativas económicas desde valores relacionados con la equidad, la sostenibilidad ambiental y social, la solidaridad, la participación y la inclusión social, como se recoge en la Carta de Principios que es común a todas las entidades y personas participantes . Así, realizamos campañas de sensibilización ciudadana, fomentamos el emprendizaje en economía social y solidaria, impulsamos la construcción de mercados sociales, desarrollamos herramientas de auditoría social, fomentamos la investigación y la formación, trabajamos propuestas de políticas públicas locales, etc.

Desde esta perspectiva, venimos trabajando desde hace años en impulsar la Compra Pública Responsable, entendida como la contratación de productos y servicios por parte de las administraciones públicas desde criterios relacionados con la equidad social, el medio ambiente o la ética en el desarrollo de dichos productos y servicios. Las administraciones públicas, con ello, multiplican los efectos positivos de su acción, garantizan un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitan la participación de determinadas empresas que prestan servicios con un valor añadido y apoyan el desarrollo de otras políticas sociales. Así, se viene avanzando en estas propuestas junto a muchos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, ofreciendo para ello herramientas concretas para su impulso, como las que pueden consultarse en www.contratacionpublicaresponsable.org.

En REAS, acogimos con satisfacción las últimas directivas europeas en materia de contratación pública que animaban a los estados a promover aspectos sociales, éticos y ambientales. Sin embargo, consideramos que los proyectos de ley sobre esta materia recientemente presentados en el Parlamento español, si bien recogen algunos de ellos, no desarrollan todo su potencial y son muchas las opciones que dichas directivas abren y que no han sido consideradas. Es por ello que presentamos a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas, con sus argumentaciones y justificaciones, que persigue mejorar dichos proyectos de ley para el impulso de una compra pública que contribuya a la cohesión e inclusión social y esté al servicio de un desarrollo humano sostenible.

www.economiasolidaria.org

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APORTACIONES DE LAS ENTIDADES SOCIALES AL PROYECTO DE LEY “FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA”

Las entidades sociales abajo firmantes – pertenecientes a sectores de la intervención social tan diversos como la integración laboral, la cooperación al desarrollo, la economía solidaria y por el bien común o las finanzas éticas -, ante el proyecto de Ley para el fomento de la Responsabilidad Social (RS en adelante) y el proceso abierto a la ciudadanía para su debate, deseamos realizar las siguientes

APORTACIONES

En primer lugar, manifestamos nuestro reconocimiento a esta iniciativa legislativa para el impulso de la RS en nuestra comunidad. Tenemos una oportunidad histórica para no quedarnos en una mera declaración de intenciones, y que la Ley permita incorporar los grandes retos sociales y medioambientales en las agendas clave de todas las organizaciones valencianas, sean públicas, privadas empresariales o sociales y la ciudadanía en general.

En este sentido, reivindicamos un estímulo de la RS más ambicioso que el planteado, que determine mayores compromisos, con dotación financiera suficiente y acciones que faciliten la concreción en el avance de la RS como un elemento más del necesario cambio de paradigma productivo y económico que asegure la sostenibilidad del planeta.

Proponemos extender el concepto de RS a toda la ciudadanía y las instituciones, incluidas las entidades sociales sin ánimo de lucro. El documento se centra exclusivamente en la RS de las empresas y las Administraciones Públicas. Sin embargo, la responsabilidad, entendida etimológicamente como “la capacidad de dar respuesta y corresponder al otro”, nos interpela a todas las personas y organizaciones independientemente de su naturaleza.

Es necesario recuperar una economía humanista centrada en las personas, sus necesidades vitales y el entorno en el ámbito empresarial. Creemos que el dinero no es un fin en sí mismo sino un medio para conseguir el cuidado y la sostenibilidad de la vida y el bien común. Diferentes enfoques como la Economía Social, la Economía Solidaria o por el Bien Común ya incluyen entre sus valores estos principios.

Esta ley de RS debe garantizar el trabajo decente en la Comunitat Valenciana. El acceso al empleo es una de las claves para la integración social y la ciudadanía plena, sin embargo, tener un trabajo hoy en día no garantiza cubrir los mínimos vitales. La Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) lo define como trabajo decente, que “sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. La inclusión de este concepto en la ley significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.

Solicitamos se contemple una penalización o una limitación de reconocimiento como empresa socialmente responsable a aquellas que mantengan cualquier tipo de presencia en paraísos fiscales bien de un modo directo, a través de participaciones en empresas registradas en ellos, o de otro modo. Igualmente aquellas entidades que tengan intereses en la producción de armas o en su financiación.

Es necesario construir un sistema colaborativo de reconocimiento y reputación social válido. Condicionar el reconocimiento de las organizaciones responsables a aquellas que obtengan una certificación o auditoría externa será una importante barrera a las micro entidades que constituyen el 90 % de nuestro tejido asociativo y empresarial. Apostamos por modelos de validación ciudadana de la RS adaptando, por ejemplo, las experiencias de los Sistemas Participativos de Garantía (SPGs) ya aplicados en unidades de producción agroecológica de nuestro entorno. El desarrollo de procesos que combinen estas metodologías, con la transparencia, la participación de los grupos involucrados de cada organización y el uso de internet permitirá construir este sistema.

La contratación pública es una herramienta clave en la ejecución de políticas de inclusión social y medioambientales. Para ello es necesario abandonar el discurso delimitado por las políticas de austeridad consecuencia del actual sistema económico, y que hemos observado impregna todo el documento. Por ejemplo, entendemos que una compra o contratación pública responsable es aquella que no da al criterio económico (precio) una ponderación determinante, sino relativa frente a los criterios sociales y medioambientales. Seguimos encontrando concursos públicos cuya dotación económica no permite pagar los salarios del convenio colectivo de la actividad principal.

Exigimos fijar las pautas para el establecimiento del porcentaje de reserva de mercado en las Administraciones Públicas y fomentar la creación de empresas de inserción. Consideramos que la reserva de mercado es una potente herramienta para la inserción laboral de las personas más vulnerables sin incrementar ningún coste en el presupuesto público (Ley 31/2015).

Consideramos igualmente importante incluir la promoción del Comercio Justo y las Finanzas Éticas. Prácticas necesarias en la lucha contra la pobreza, el desarrollo sostenible y unas relaciones económicas más justas y transparentes.

Definir y clarificar el papel del voluntariado en la RS de modo que las personas voluntarias no ocupen puestos trabajo remunerados y puedan ejercer la labor de voluntario de manera íntegra. No debemos “hacer un mal uso” de la persona voluntaria y fomentar el voluntariado corporativo.

Además de estas aportaciones disponemos de las propuestas concretas de modificación del articulado de ley que hemos remitido telemáticamente y que están a vuestra disposición.

Finalmente agradecemos esta oportunidad que se nos da de participar de manera directa en la elaboración de un proyecto de Ley que consideramos indispensable. Esperamos que nuestras aportaciones sean recogidas en el documento final. Nos mueve el impulso y la fuerza de todas las entidades sociales abajo firmantes, que desde la responsabilidad social compartida queremos participar en la construcción de una Comunitat Valenciana socialmente responsable.

Entidades firmantes:

Fundació Nova Feina; Menuts del món, ONGD; Asociación para la Cooperación entre Comunidades, ACOEC; Fundación Patim; Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià, CEAR PV; Fundació Novessendes; Asociación Rastro Solidario; Enclau, Red para la financiación alternativa; Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià, REAS País Valencià; Associació Valenciana per la Economia del Bé Comú; Cáritas Diocesana de Valencia;